El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) condenó el abuso y atropello cometido por el Ejército Mexicano contra un grupo de migrantes en Empalme, Sonora, registrado el 2 de abril y denunciado por la organización Redes Franciscanas para Migrantes, que también reveló la agresión y amenazas a la Directora de Casa Franciscana en Guaymas, Sandra Martínez.
Los hechos fueron llevados hasta la Tribuna de la Cámara de Diputados por la legisladora perredista, Iliana Guadalupe Rodríguez Osuna, quien exhibió lo acontecido en su estado natal, pues la asociación civil indica que el grupo de migrantes -compuesto por niñas, niños, mujeres y hombres-, fue retenido y encañonado por elementos de la Guardia Nacional.
Calificó el abuso militar como una acción condenable, toda vez que el Instituto Nacional de Migración (INM) es la autoridad competente para llevar a cabo el control migratorio, motivo por el cual presentó un exhorto a los gobiernos Federal, estatal de Sonora y municipal de Empalme, para que en el ámbito de sus atribuciones investiguen, deslinden responsabilidades y sancionen a responsables.
Y advirtió que esa situación sucede en un contexto en el que “se calcula que han sido asesinados 40 mil migrantes en tránsito por México y 120 mil más, están desparecidos en su tránsito por nuestro país. Sonora ocupa el tercer lugar de los estados con mayor número de personas migrantes que atraviesan su geografía con la intención de llegar a los Estados Unidos” y “en un mes, cada día, son detenidos en promedio 180 personas que tratan de cruzar la frontera” ilegalmente.
En el Punto de Acuerdo, solicitó a las autoridades proteger la integridad física de las y los defensores de derechos humanos e integrantes de la “Casa Franciscana Guaymas”; así como garantizar el tránsito digno y seguro de las personas en movilidad por el territorio nacional. De aquí que pidiera a los gobiernos abstenerse de medidas para obstaculizar, restringir o limitar la defensa de derechos humanos.
Emplazó a redoblar esfuerzos para atender la problemática con base a lo declarado por la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, al fortalecer la capacidad de gobiernos y sociedad civil para atender las necesidades de migrantes vulnerables, coordinar esfuerzos para facilitar la gobernanza, sensibilizar y hacer partícipes a las comunidades de origen, tránsito y destino a este sector.