Hermosillo, Sonora.- Desde enero de 2023 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora, ha atendido 273 quejas donde se encuentra implicada la Policía Municipal, de las cuales 11 tienen que ver con el delito de soborno (cohecho), por parte de la autoridad.
El presidente de la CEDH en Sonora, Fernando Rentería Barragán, dijo que los 11 casos involucran el uso excesivo de la fuerza o una detención arbitraria.
“La función de la Comisión es buscar si allí (en esos casos) se cometió un delito, la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes”, aseveró.
Cabe destacar que, de las 273 quejas, 134 pertenecen a Hermosillo, siendo el municipio donde más denunciaron ante la CEDH a la policía local, le siguen Guaymas y San Luis Río Colorado, ambos con 24 y Cajeme con 19.
Respecto a las 11 quejas realizadas por soborno ante la Comisión, 8 pertenecen a Hermosillo, 1 Guaymas, 1 Cajeme, 1 Nogales.
El delito de soborno, penalmente llamado cohecho, lo puede cometer el servidor público que pide o recibe dinero para realizar una conducta contraria a la ley, aunque también lo puede cometer la persona que lo ofrece.
Si los dos participaron en el cohecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, tendría que realizar una investigación, agregó el presidente de la CEDH.
Por otro lado, precisó que la pena de prisión que puede tener una persona, sea servidor público o no, es de 3 meses a 9 años de prisión más la multa.
“Recuerdo (en Sonora) un caso de detención arbitraria que ocurrió a mediados del año pasado; la medida cautelar fue para dar vista a control interno de la Policía Municipal y solicitar a la Fiscalía que lo investigara como delito”, comentó.
No obstante, en dicho caso la persona detenida fue puesta en libertad pero la investigación por parte de la FGJE Sonora sigue en proceso.
El presidente de la CEDH insistió que el tema de soborno es una cuestión de violación penal, no de derechos humanos, lo que implica que le compete a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, sin embargo, aseguró que en su administración no rechaza a las personas sino que las canaliza a las autoridades correspondientes.