Ahora van contra el federalismo 

Marcos Pérez Esquer 

Tras el rechazo del Congreso a su reforma electoral, la presidenta Sheinbaum anunció que enviará un nuevo proyecto.  

El “Plan B” se concentraría principalmente en dos temas: imponer límites al gasto de los congresos locales, y reducir el número de regidores en los municipios. 

A primera vista, el discurso que acompaña estas propuestas parece razonable: austeridad y combate a privilegios.  

Sin embargo, bien leída, la narrativa se perfila como una intervención federal en ámbitos que históricamente han pertenecido a los Estados y Municipios.  

El debate real no es sobre ahorro de dinero; es sobre el futuro del federalismo mexicano. 

La primera propuesta consiste en establecer un tope al gasto de los congresos estatales. El argumento presidencial es que existen grandes disparidades en el costo por legislador entre entidades federativas.  

El ejemplo citado fue el de Baja California, donde el gasto por diputado ronda los 35 millones de pesos, frente al de Colima, donde el monto es de 5 millones. La solución planteada sería fijar límites constitucionales al presupuesto de las legislaturas locales. 

El problema es que esta medida implica que la Federación intervenga directamente en la organización interna de los Estados. 

El federalismo mexicano reconoce a las entidades federativas autonomía para organizar sus poderes públicos.  

Si el Congreso federal comienza a decidir cuánto pueden gastar los congresos estatales, se abre un precedente de centralización que debilita ese principio. 

Además, el argumento fiscal resulta poco convincente. La propia presidenta estima que las medidas permitirían ahorrar alrededor de 4 mil millones de pesos al año.  

En un país donde el presupuesto federal asciende a más de 10 billones de pesos y el gobierno gasta cerca de 28 mil millones diarios, ese monto equivale apenas a poco más de tres horas de gasto público.  

Es absurdo sostener que la reorganización del federalismo mexicano se justifica a partir de un ahorro minúsculo en términos relativos. 

La segunda propuesta -limitar el número de regidores y síndicos en los municipios plantea un problema aún más delicado. El artículo 115 constitucional reconoce la autonomía municipal como base del federalismo.  

Hoy día la Constitución federal no fija el número de integrantes de los cabildos; esa decisión corresponde a las constituciones y leyes de cada Estado, precisamente para permitir que el diseño institucional se adapte a la diversidad territorial del país. 

Imponer desde la Constitución un criterio sobre el tamaño de los cabildos ignora esa diversidad.  

Más aún, reducir indiscriminadamente el número de regidores podría tener efectos políticos nocivos: menos pluralismo en los cabildos y mayor concentración de poder en los presidentes municipales. 

Conviene recordar que la inclusión de minorías en los congresos y cabildos fue un efecto de la reforma política de Jesús Reyes Heroles de 1977, que abrió espacios institucionales a la oposición y transformó la vida pública del país al incluir la voz de la oposición en esos escenarios por vez primera.  

Calificar esos espacios simplemente como “cuotas” ignora su papel histórico en la democratización mexicana. 

Esta iniciativa parece formar parte de la tendencia que hemos observado en los últimos años: la concentración del poder político.  

Primero se debilitaron contrapesos horizontales mediante la desaparición o captura de organismos autónomos y la colonización del Poder Judicial.  

Ahora se apuntan hacia los 

contrapesos verticales del federalismo: la capacidad de Estados y Municipios para organizar sus propias instituciones. 

La austeridad puede ser una política pública legítima. Pero el federalismo no es un privilegio. Es un principio constitucional diseñado precisamente para distribuir el poder y evitar su concentración. 

Con Información de SergioValle.mx