Las motocicletas tomaron relevancia en la movilidad de los mexicanos durante los últimos años, al ser una alternativa vial que resulta cómoda, rápida y accesible; sin embargo, ante los riesgos que puede representar para los menores los legisladores hicieron cambios en las leyes para otorgarles seguridad.
Con 409 votos a favor y 25 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una adición a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para prohibir que menores puedan viajar en motocicletas en el país.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Senadores para su análisis y eventual ratificación y aprobación con la finalidad mejorar la seguridad vial y proteger la integridad física de los usuarios de motocicletas.
Los diputados fundamentaron esta medida para garantizar las condiciones de seguridad vial, la prevención de accidentes y, en su caso, de pérdidas humanas.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en el contexto de un creciente uso de la motocicleta México y de una situación preocupante por los 377 mil 231 accidentes de tránsito con un saldo de, 5 mil 181 muertos y 91 mil 501 heridos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2022.
Diputados del PAN recalcaron la necesidad de establecer restricciones específicas para garantizar la protección de los usuarios más vulnerables de las vías, en particular niñas y niños menores.
Por su parte, Movimiento Ciudadano subrayó que los accidentes de tránsito han generado muchas muertes, por lo que representan un importante riesgo para las y los niños que apenas están pasando a la adolescencia, ya que en muchas ocasiones los conductores no tienen cuidado o pericia.
Con esto, se prohíbe que cualquier menor de 12 años de edad viajar en motocicleta, en caso de que no pueda sujetarse por sí mismo a dicho vehículo o no pueda colocar los pies en los estribos.
De aprobarse esta medida dentro de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se plantean restricciones al transporte de niñas y niños en esos vehículos para prevenir accidentes y reducir la incidencia de lesiones graves y fatales.
Se pretende asimismo fomentar una cultura de responsabilidad y prevención en el uso de dicho medio de transporte promoviendo la adopción de medidas de seguridad adecuadas para garantizar la protección de niñas y niños.
El proyecto establece un plazo máximo de 150 días hábiles para que las legislaturas estatales adecuen su legislación, a partir de la entrada en vigor del decreto.