De incongruente calificó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la ampliación al decreto para regularización de vehículos extranjeros en México ya que, más que las familias de bajos ingresos, es la delincuencia organizada quien se beneficia con la medida.
A través de un comunicado, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, declaró que, por un lado, el gobierno federal firma compromisos internacionales para reducir los efectos de la contaminación con el impulso para la compra de vehículos de tecnologías limpias y por otro regulariza unidades extranjeras de desecho.
“Esto denota una profunda incongruencia al incentivar el envejecimiento del parque vehicular nacional en vez de impulsar su renovación con programas de apoyo para el transporte público, el campo y los microempresarios.
Y afectar a los a mexicanos propietarios de automotores usados nacionales que con todo esfuerzo los adquirieron, los mantienen y pagan todos sus impuestos”, destacó.
Aunque en un inicio la iniciativa tenía vigencia de un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 29 de diciembre la ampliación del decreto para regularizar los autos “chocolates”, hasta el 31 de marzo de 2023.
Rosales Zárate dijo que la medida no ha cumplido con el objetivo de acabar con la informalidad de estas unidades porque miles de vehículos siguen entrando de contrabando, de manos, principalmente, de la delincuencia organizada que controla a quienes operan el tráfico, la venta y distribución de los autos.
“Antes el problema se limitaba a los Estados fronterizos, ahora el país se está inundando con ese tipo de unidades de desecho hasta en entidades donde ni siquiera existían debido a que ya emplacadas éstas pueden circular a cualquier parte del país para ser comercializadas”, consideró el directivo.
De acuerdo con estimaciones de la AMDA, en 2022 se habrían regularizado e importado más vehículos extranjeros que nuevos vendidos en ese año: Hasta 1 millón 200 mil usados, contra 1 millón 70 mil autos nuevos.